En el Perú se ha creado la costumbre de dar caracter de reservado o secreto a hechos o cosas que por su naturaleza no son tales. Uno de ellos es el relativo a las remuneraciones que perciben los altos funcionarios del Estado, desde el Presidente de la República, Congresistas, Ministros de Estado, etc., a los que se menciona expresamente en el Art. 39 de la Constitución vigente y que según el siguiente Art. 40 deben ser publicados periodicamente en el diario El Peruano.
Es decir que, a tenor de lo dispuesto por la Constitución Política, las remuneraciones (sueldos) de dichos funcionarios del Estado deben ser de conocimiento público. Esta medida tiene por objeto una política saneadora, porque, al conocerse los sueldos de los funcionarios en mención, podrá ser más fácil su fiscalización, tanto por los organismos pertinentes como por la ciudadanía, que es la titular del poder público, es decir “el soberano”.

Los funcionarios del Estado, desde el Presidente de la República, que tiene la más alta jerarquía, hasta los funcionarios de menor rango, desarrollan sus funciones por elección o por delegación; pero el titular sigue siendo el pueblo. En tal virtud, se encuentran al servicio de la Nación y, por consiguiente, lo que perciben como ingresos, por tal función, debe ser del conocimiento público, sin subterfugios de ninguna clase.

Dar a publicidad los sueldos o ingresos mencionados supone, cumplir el mandato de la Carta
Básica que rige la vida del país y es un medio idóneo para combatir la corrupción pública que tanto afecta al Perú desde antes de su nacimiento como República; es decir, que tiene rancia estirpe.

Tal medida debe tomarse de inmediato, porque resulta inconcebible que no se conozca, por ejemplo, cuánto gana el Presidente de la República y es del dominio público lo que se mencionaba como ingreso del penúltimo Presidente, y los signos exteriores de riqueza de que hacía gala (gastos privados, familiares, etc.)

Tampoco es dable ni menos aceptable, que los altos funcionarios de un Estado que sufre inveterada crisis económica, sean los que perciben los ingresos más elevados entre los trabajadores del país, más que, inclusive, funcionarios de grandes empresas privadas transnacionales, que sí producen cuantiosas ganancias en beneficio de sus empleadores.
Debe terminar la injusta situación consistente en que un empleador pobre tenga que endeudarse día a día para pagar los sueldos de funcionarios que poco o nada hacen para remontar la crisis económica, cada vez más agobiante, que afecta a su empleador.

Es el momento más propicio para efectuar las correcciones necesarias, que hagan efectivo el conocimiento público de los ingresos de los altos funcionarios del Estado, conforme al referido Art. 40 de la Constitución de 1993.

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